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La verdad sobre el caso Caminosca

Esta mañana, miembros del Diario El Expreso, hicieron llegar -a la redacción de este medio- información exclusiva que vincularía a STANFORD FINANCIAL GROUP ECUADOR con las inconsistencias en la contabilidad de CAMINOSCA.  Estos documentos demostrarían, además, que el laudo arbitral utilizado por parte de las asambleístas Jeannine Cruz y Ana Galarza, para buscar un juicio político contra Jorge Glas, fue mutilado y manipulado por Andersson Boscán, periodista de Diario Expreso, para armar un “show político” -que incluyó viajes al exterior de las asambleístas y reuniones con conocidos delincuentes prófugos o con asilo político- y evitar que la multinacional australiana CARDNO (actual dueña de CAMINOSCA) y los ecuatorianos conozcan la relación del excandidato vicepresidencial por CREO con los pagos “ilícitos”.

Según esta información, terceros vinculados a STANFORD FINANCIAL GROUP ECUADOR, del cual Álvaro Páez (hermano del excandidato a la vicepresidencia Andrés Páez) era Gerente y principal accionista, intervinieron la representación legal de la empresa CARNO en Ecuador (estudio Jurídico Rosales) para afectar el proceso electoral y eliminar cualquier vínculo con los beneficiarios de STANFORD ECUADOR. Una vez acordada la estrategia, STANFORD y ROSALES habrían utilizado los vínculos de Eduardo Cargminiani, editorialista de diario Expreso y miembro del estudio jurídico, con el periodista –también del expreso- Andersson Boscán para manipular y difundir parte de un informe presentado por el “International Center for Dispute Resolution”, respecto a las investigaciones desarrolladas en el caso “Caminosca”, luego de que CARDNO planteara un litigio por las inconsistencias en su contabilidad.

Para ello, se hicieron públicas -a través de diario Expreso y voceros políticos- 40 de las 130 páginas del informe, transformándose –incluso- en “evidencias” para llamar a Juicio Político al vicepresidente Jorge Glas Espinel. Sin embargo, Dato Certero tuvo acceso al informe completo y pudo comprobar que el fallo del Tribunal internacional indica que no existen indicios suficientes, ni pruebas que soporten las acusaciones emitidas por los representantes de la empresa, contra algún representante del Gobierno ecuatoriano. A decir textual del informe de 132 fojas del organismo jurídico señala:

“…el Tribunal observa que no se presentaron pruebas directas (como los registros bancarios de un funcionario gubernamental o una declaración verbal o escrita de un funcionario gubernamental que reconozca la recepción de pagos ilícitos), que establezcan que alguno de los funcionarios gubernamentales recibió o acordó pagos por corrupción. Por lo tanto, el Tribunal no formula ninguna constatación sobre la culpabilidad de ningún funcionario público y deja esa cuestión a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley pertinentes para investigar y abordar lo que consideren apropiado.”

Según las investigaciones hechas por Cardno, la empresa Caminosca utilizó dos ‘offshors’ para suscribir subcontratos con el fin de justificar, bajo la apariencia de legalidad, pagos ilícitos a los funcionarios ecuatorianos. La primera aparece domiciliada en Chile y la otra, en España.

No es la primera vez que la empresa a la que se encuentra relacionado Andrés Páez se vincule en transacciones a través de offshores en paraísos fiscales por su “influencia política”. Entre 2005 y 2006, el STANFORD FINANCIAL GROUP pagó al exdiputado $380.000 dólares por sus “influencias” en Ecuador. El mecanismo de pagos que utilizó Páez consistía en: Depositar el dinero por tráfico de influencias en la cuenta 140023 del STANFORD INTERNATIONAL BANK. Dicha cuenta pertenece a Álvaro Páez. Posteriormente, de esa cuenta se hacia transferencias a la cuenta corriente 145430 (Andrés Páez) en el mismo banco y de esta forma no se detectaba la vinculación del diputado con STANFORD FINANCIAL GROUP.

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